Asalto contra un Funcionario Público

El artículo 217.1 del Código Penal de California define como conducta criminal ejecutar un asalto en perjuicio de ciertos individuos que, por las labores que desempeñan, son denominados funcionarios públicos. Se trata de una regulación especializada con la que se pretende proteger a determinados grupos de individuos, de manera que el crimen se agrava de manera subjetiva, esto es, es función de quien sea la víctima. Dentro de esta categoría de sujetos especialmente protegidos no sólo están aquellos que ejercen una función pública, sino que también se incluyen otros grupos de individuos como los ancianos, los menores de edad y hasta los funcionarios que deben mantener la paz y el orden públicos.

Pero en el caso de un asalto a funcionarios públicos, las leyes los tipifican como asaltos agravados, porque se entiende que los funcionarios se convierten en víctimas por una venganza, o porque el asaltante tiene la finalidad de evitar que estos funcionarios cumplan con las actividades que son propias de sus cargos. Lo más importante en cuanto a los castigos que se pueden imponer por causa de esta clase de conductas, es que las normas las consideran un wobbler, de manera que pueden ser procesados como delitos menores o como felonías, dependiendo de que el asaltante posea un récord criminal y de las circunstancias en las que se hayan verificado los hechos, pero esto quedará a elección de la Fiscalía. Cualquiera sea la calificación seleccionada, estas conductas se sancionan con prolongados castigos en la cárcel y multas judiciales bastante altas.

Encontrar la ayuda legal oportuna

Recibir un cargo por asaltar a funcionarios públicos en Chula Vista CA, es algo que debe ser tomado muy en serio por el supuesto autor del hecho, porque las autoridades no se toman a la ligera esta clase de acusaciones, y suelen procesarlas con mucha seriedad, rapidez y severidad, en particular, porque las víctimas son individuos que han sufrido el asalto como consecuencia de las funciones propias de su cargo, y las leyes obligan a las autoridades judiciales a garantizar y a proteger el bienestar y la integridad de estos individuos, de manera que si un allegado suyo o usted mismo actualmente enfrenta cargos por asaltar a funcionarios públicos, requiere de inmediato de la ayuda legal más oportuna y eficaz que pueda encontrar, para evitar los efectos que pueden derivarse de un cargo de esta naturaleza. En este sentido, esa ayuda se la podemos ofrecer en Chula Vista Criminal Attorney, porque nuestros abogados especializados podrán demostrar que todo fue un simple mal entendido y que usted nunca tuvo el propósito de asaltar a un funcionario, y mucho menos agredirlo por su condición de tal. También conocen a la perfección las estrategias defensivas que pueden resultar eficaces para que la acusación se minimice, e incluso se desestime por la Corte, y estos son motivos más que suficientes para que se ponga en contacto con nosotros lo más rápido que pueda.

¿Cómo está tipificado este hecho punible en California?

La disposición 217.1 del Código Penal indica que asaltar a los funcionarios públicos constituye una conducta criminal. Ahora bien, el asalto debe haber sido ejecutado por causa de una venganza en contra de la víctima o para impedir que la misma realice las funciones que son inherentes de su cargo.

No obstante, para que la Fiscalía logre demostrar que un imputado ha llevado a cabo esta clase de conducta, se requiere que demuestre que a los hechos concurrieron los siguientes elementos constitutivos:

• El imputado llevó a cabo un asalto en contra de un individuo,
• Tal asalto fue cometido en contra de un individuo que es funcionario público, aunque también puede haberse llevado a cabo contra un miembro inmediato de su familia, y
• El imputado ejecutó el asalto a modo de represalia o venganza en contra del funcionario, o para evitar que el mismo desempeñara las funciones que son inherentes a su cargo.

Hay que recordar que la normativa no exige que necesariamente deben haberle ocasionado lesiones físicas a la presunta víctima, pues basta sólo con la intencionalidad del asaltante para que pueda ser encontrado responsable por este hecho punible. No obstante, la Fiscalía sí tiene la obligación de demostrar que la presunta víctima es funcionario público, así como que ese fue el motivo por el cual fue asaltado.

¿Cuál es la diferencia entre un asalto simple y un asalto ejecutado contra funcionarios públicos?

Un asalto simple consiste en un intento ilegal de ocasionar una lesión corporal que puede llegar a ser grave, o una lesión violenta, en perjuicio de otro individuo, siempre que el asaltante tenga la capacidad real y actual para llevarlo a cabo. La regulación no exige que el asaltante deba tener éxito en su propósito de causar daño a la víctima para que sea declarado responsable por este hecho punible.

La diferencia entre ambos tipos legales se encuentra en que la víctima de un asalto simple puede ser cualquier sujeto, mientras que en el asalto al que nos referimos en este artículo, la víctima necesariamente tiene que ser funcionario público, o tratarse de un miembro próximo de su familia, y el propósito de cometer dicho asalto es por causa de una venganza en su contra o para evitar que cumpla con las funciones que son propias del cargo que desempeña.

Seguidamente explicaremos el sentido legal de algunos de los términos que se emplean en la regulación de este hecho punible:

Funcionarios Públicos

Para efectos de esta regulación, funcionario público está definido como aquel individuo que se encuentra ejerciendo cualquiera de los siguientes cargos:

• Defensor de oficio o público, en la actualidad o anteriormente.
• Fiscal en la actualidad o anteriormente.
• Alcaldes, miembros de los consejos de las ciudades, supervisores de los condados, alguaciles, oficiales que mantienen el orden público o jefes de policía.
• Funcionarios estatales o federales electos.
• Directores o Secretarios de agencias ejecutivas estatales o federales.
• Comisionados, árbitros u otros funcionarios judiciales subordinados.
• Jueces o jurados locales, estatales o federales en funciones o que lo fueron en el pasado.
• Gobernadores de los Estados o Territorios de EEUU
• Presidente y vicepresidente de EEUU

Miembro próximo de la familia del funcionario público

Bajo este término se incluyen a los cónyuges, hijos, hijastros, hermanos, hermanastros, padres, madres, padrastros o madrastras.

Por venganza o para impedir el ejercicio de sus funciones

Para que el asalto se convierta en este subtipo agravado, es necesario que el agresor haya ejecutado el acto por causa de una venganza en contra del funcionario público, o que la intencionalidad de su actuación haya tenido como objetivo evitar que dicho funcionario lleve a cabo las actividades que se derivan del ejercicio de sus funciones públicas. De manera que si un procesado cometió un asalto en perjuicio de un individuo que es funcionario público, pero desconocía que tenía ese cargo, y dicho asalto no estuvo relacionado con las actividades propias del trabajo de la víctima, entonces no podría ser declarado responsable por asaltar a funcionarios públicos, por tanto, un asalto en perjuicio de funcionarios públicos que no se relaciona con su línea de trabajo no se encontrará amparado por la regulación del artículo 217.1 PC, sino que será calificado como un asalto simple.

En el escenario de que un sujeto en una fiesta se haya tropezado con otro y le haya arrojado accidentalmente su bebida en la vestimenta, es posible que el individuo con la ropa manchada quiera darle un escarmiento al otro y lo sujete por la chaqueta para golpearlo, pero es detenido por otros asistentes, resultando que el asaltado es un miembro del consejo de la ciudad. Pero, como la actuación del asaltante no tuvo relación con la actividad pública que el asaltado realiza, no será procesado por asalto en perjuicio de funcionarios públicos.

Para ponerlo en un contexto más fácil de entender, este tipo de asaltos obedecen a motivaciones de tipo político, esto es, que el asalto tuvo su origen en algo que el funcionario ha realizado o que haya dicho, o que su finalidad sea evitar que dicho funcionario realice las actividades que se derivan del cargo que ejerce.

Algunos ejemplos de este tipo de asalto pueden ser:

Ken, en su audiencia ante la Corte, es declarado responsable de un hecho punible por posesión de sustancias de uso controlado con intención de vender, y al pensar que su defensor público no hizo un buen trabajo en su defensa, toma una de las sillas en las que estaban sentados y se la arroja al defensor público. Aunque el defensor público no haya resultado lastimado por causa de la silla que le fue arrojada, Ken será acusado de asaltar al defensor que es funcionario público.

En medio de una asamblea en la que están participando los miembros del gobierno local junto con los habitantes de un vecindario, se discute sobre la posibilidad de eliminar un parque que se encuentra en el centro de la urbanización, porque el gobierno local quiere colocar allí unos almacenes para materiales, y se suscitó una acalorada discusión, en la que un hombre amenaza a uno de los miembros del gobierno local con arrojarle una piedra a la cabeza. Recordemos que la sola acción resulta suficiente para que el sujeto sea acusado por asaltar al funcionario público, aunque no logre lanzar la piedra, o que, habiendo lanzado la misma, haya sido esquivada por el miembro del gobierno local y haya caído detrás de él, sin ocasionar lesión alguna.

Kevin acaba de salir de la cárcel, por haber cumplido la sentencia a la que fue condenado por el Juez Barnes, quien se retiró de su cargo hace dos años. Kevin sigue culpando al Juez Barnes por lo duro de su castigo, así que al verse en la calle, logra ubicar la dirección en la que actualmente vive el Juez Barnes, ya retirado, junto con su familia, y decide llegar hasta el lugar y comienza a lanzar piedras a través de las ventanas de la casa, hiriendo con los vidrios a una nieta del Juez Barnes. En este escenario, Kevin será declarado responsable de asalto en perjuicio de un funcionario, porque, aunque Barnes ya está retirado, fue el Juez actuante en la causa en que se declaró responsable a Kevin, imponiéndosele la pena correspondiente, y el asalto ejecutado por Kevin a la casa del Juez retirado tuvo como causa una venganza o represalia por actos que el Juez Barnes llevó a cabo en el ejercicio de sus funciones públicas.

¿Cómo se castiga en California este tipo de asalto agravado?

Recordemos que cuando nos referimos a los asaltos contra funcionarios públicos, que han sido llevados a cabo en su contra o en contra de un miembro próximo de su familia, por causa de las funciones y competencias que les son propias como parte de su trabajo, la causa de la tipificación especial de este tipo de conductas delictuales tiene su razón de ser en la protección que deben tener los individuos que realizan estas actividades. Por ello, una violación de lo dispuesto en el artículo 217.1 PC es, como indicamos antes, un wobbler, de modo que queda a elección de la Fiscalía procesarlo como felonía o como un delito menor, tomándose en cuenta aspectos como que el imputado posea antecedentes criminales, y cuáles fueron las circunstancias que rodearon los hechos.

En caso de que la Fiscalía escoja procesarlo como un delito menor, podrán aplicarse los siguientes castigos:

• Libertad condicional informal o sumaria, o
• Privación de libertad por un máximo de un año en la cárcel, y/o
• Multas judiciales por un monto que puede alcanzar los $1.000,00.

En cambio, si la Fiscalía decide que el asalto sea procesado como una felonía, entonces los castigos que se pueden aplicar serán:

• Libertad condicional bajo régimen de control o formal, o
• Privación de libertad por un máximo de tres años en la cárcel, y/o
• Multas judiciales por un monto que puede alcanzar los $10.000,00.

Es importante resaltar que, en caso de que le sea concedido al procesado el beneficio procesal de libertad condicional, la Corte además le impondrá una cantidad de términos, obligaciones y condiciones que tendrá que cumplir, y en el escenario de no hacerlo, será acusado de un hecho punible adicional, que es la violación de libertad condicional, pudiendo suspenderse este beneficio para enviarlo a cumplir la pena privativa de libertad en la cárcel por el delito subyacente.

Además, junto con estas penalizaciones, el procesado también podría ser condenado a pagar una indemnización a su víctima por los daños y perjuicios que pueda haberle ocasionado.

Un aspecto que debemos resaltar es que, si es posible calificar los hechos como un intento de asesinato en contra del funcionario público motivado por una venganza o retaliación, o para evitar que lleve a cabo las actividades propias de su cargo, el castigo en la cárcel que se podría imponer al imputado es desde los quince años a una cadena perpetua.

¿Existen otros efectos que se puedan derivar de una sentencia condenatoria por este tipo de asaltos?

Junto con las penalizaciones que pueden ser impuestas por la Corte y que deberán ser cumplidas por el procesado, bien sea en la cárcel o en un régimen de libertad vigilada, y las multas judiciales que deberá pagar, ser declarado responsable por este hecho punible acarreará para el imputado otros efectos, siendo el primero de ellos la adquisición de unos antecedentes criminales que van a tener consecuencias nefastas tanto en el aspecto personal como profesional en su vida.

Este tipo de antecedentes puede ocasionar que pierda el empleo que actualmente tiene, o que sea discriminado de inmediato cuando aplique una solicitud para obtener un nuevo empleo, debido a que los reclutadores que ofrecen los puestos de trabajo tienen la posibilidad de revisar los antecedentes de los aspirantes, y poseer cualquier tipo de record criminal hará que el solicitante sea discriminado del proceso de selección desde el inicio. Igualmente afectará sus posibilidades de ingresar a un instituto universitario de prestigio, u obtener una beca estudiantil o un crédito de una institución bancaria, e incluso hasta rentar una vivienda.

Especial mención merece la posibilidad de que le sea revocada la licencia para ejercer una profesión, si es que el procesado la posee, ya que las organizaciones que agrupan a los gremios profesionales pueden llevar a cabo procedimientos administrativos para sancionar a sus afiliados, cuando llevan a cabo algún hecho punible, por considerar que han tenido una mala conducta profesional, y en caso de que el sujeto implicado quiera aplicar para algún tipo de licencia profesional en el futuro, es muy posible que le sea denegada por poseer este tipo de récord penal.

¿En qué escenarios un asalto ejecutado contra funcionarios públicos se tramita ante la Corte?

Para que la Corte trámite penalmente este tipo de actividades delictivas, es necesario que se cumplan determinadas condiciones. Una de ellas es que la representación fiscal posea las pruebas y evidencias necesarias para demostrar la concurrencia de los elementos constitutivos de este hecho punible. Otra de las condiciones puede ser que el imputado se haya negado a aceptar la acusación consignada contra él. Lo que normalmente ocurrirá es que el Juez va a examinar los alegatos que presente la Fiscalía y los argumentos defensivos presentados por el abogado del imputado, con el objetivo de determinar si se puede resolver el asunto en la fase previa del juicio.

Debemos advertir que un escenario en el que un caso podrá calificar para ser desechado por el Tribunal, es aquel en el cual sean rechazadas las pruebas o evidencias fundamentales en contra del imputado, llevando a la terminación del procedimiento, lo cual puede pasar cuando las pruebas presentadas por la Fiscalía resultan inadecuadas para que pueda declararse culpable al procesado, o cuando los argumentos de defensa son tan convincentes que debilitan totalmente el cargo presentado por la Fiscalía.

Otro aspecto que debemos resaltar, es que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo de declaración para este tipo de procedimientos penales. Este tipo de convenio puede permitir a un imputado admitir los hechos que se le imputan, o negarlos, en todo o en parte, o ambas cosas. Este tipo de acuerdos sobre culpabilidad pueden ayudar al procesado a mejorar su situación judicial, pues evitan que tenga que enfrentarse a acusaciones y a sanciones graves con sólo declararse culpable de los hechos, pero ello significa que el imputado estará aceptando los efectos que producirá normalmente su actividad delictiva. En todo caso, decidir si es conveniente llegar a este tipo de acuerdos debe ser aconsejado por un abogado criminalista especializado, después de que haya analizado las circunstancias que rodearon los hechos.

¿Cuáles son los hechos punibles que se relacionan con este tipo de asalto?

• 245 PC - Asalto empleando armas calificadas como mortales.
• 242 PC – Agresión.
• 241 PC – Asalto a oficiales de policía.

¿Existen argumentos o líneas defensivas que se empleen de manera común frente a una acusación con fundamento en la disposición 217.1 PC?

Todo sistema legal criminal establece una cantidad de argumentos y permite el uso de estrategias defensivas que se pueden emplear para impugnar una acusación por haber cometido un hecho punible, no obstante, la escogencia del argumento o de la estrategia adecuada debe ser el trabajo del abogado defensor contratado, porque su experiencia es lo que va a determinar la escogencia de la línea defensiva que se ajuste y sea más adecuada a los hechos de los que se acusa a su defendido.

Sin embargo, es posible mencionar que entre las estrategias y argumentos más utilizados para impugnar unos cargos de esta naturaleza, se encuentran los siguientes:

• El procesado fue acusado falsamente.
• El procesado no poseía la capacidad real y actual para causar lesiones violentas a la presunta víctima.
• El procesado no tuvo jamás la intención de evitar que un funcionario público llevará a cabo las actividades propias de su cargo, ni tuvo la motivación de la venganza.
• El procesado llevó a cabo la actividad ilícita de la que se le acusa en propia defensa o defendiendo a un tercero.

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Ya hemos podido explicarlo la seriedad con la que se trata este tipo de acusaciones en Chula Vista CA, y las perniciosas consecuencias que pueden derivarse de un cargo de esta clase, por lo tanto, si usted o un familiar o amigo está en la actualidad enfrentado una acusación de esta naturaleza, lo mejor que puede hacer es ponerse de inmediato en contacto con Chula Vista Criminal Attorney, en donde contamos con los mejores abogados criminalistas, que se especializan en este tipo de procedimientos y que pondrán todos sus conocimiento y su experiencia en la consecución de una solución que impida que usted deba sufrir los negativos efectos que se derivan de estos cargos.

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