Derechos de Los Padres en Los Casos de Menores de Edad

Cuando un menor de edad es arrestado, sus padres o tutores legales pueden sentir una gran preocupación, ante el procedimiento judicial al cual se está enfrentando su hijo y el posible resultado que el mismo pueda tener. No obstante, debe tener en cuenta que la ley le garantiza una serie de derechos, los cuales es importante que conozca con el fin de que evite que estos sean vulnerados.

Entre ellos, destacan el derecho a saber que su hijo ha sido arrestado y los delitos que se le acusa de cometer. Además, está facultado para buscar la representación y asesoría de un abogado con el fin de que este defienda sus derechos e intereses en el juicio. Pero, así como tiene derechos, la ley también impone una serie de obligaciones a los padres. Entre ellas, el pago de las tasas judiciales y todos los costos derivados del procedimiento, incluyendo los que derivan del cuidado del joven durante su reclusión en un correccional de menores.

Si un menor de 18 años que conoce ha sido acusado de cometer un delito, es esencial que cuente con la asesoría de un abogado de Chula Vista Criminal Attorney, la cual está ubicada en Chula Vista, California. De esta forma, no deberá sufrir las graves repercusiones que estas acusaciones pueden tener en su vida, ya que estamos ampliamente capacitados para defender sus derechos y los de su hijo durante el procedimiento judicial y aplicar una defensa idónea para que no sea condenado.

¿Cómo inicia este procedimiento?

Cuando un menor es sospechoso de incurrir en un acto delictivo en el estado de California, generalmente es juzgado en un tribunal de menores, el cual tiene una jurisdicción distinta a la del tribunal penal donde son juzgados los adultos. Además, se distinguen entre sí debido a los actos del procedimiento judicial y los términos utilizados en cada uno de ellos.

Luego de que la policía lleva a cabo el arresto del joven, puede considerar apropiado trasladarlo al correccional para menores, el cual está dirigido por un funcionario a cargo de la libertad condicional. Este funcionario tiene la facultad de permitir que el menor retorne a su hogar con una citación para que comparezca en el tribunal en una fecha específica, o mantenerlo recluido en este lugar hasta que deba presentarse en el tribunal para la primera audiencia.

Luego de que el fiscal presenta la petición, que equivale a la acusación formal en el tribunal penal de adultos, la primera audiencia a celebrarse es la de detención. Durante la misma, el juez determina si se debe mantener al menor confinado en el correccional hasta que finalice el procedimiento judicial y el caso sea resuelto, o si puede volver a su hogar bajo la custodia de sus padres. En este último caso, se requiere que cumpla con su comparecencia ante el tribunal para cada una de las audiencias.

Posteriormente y cuando se cumplen ciertos requisitos que establece la ley, el fiscal puede iniciar una audiencia de transferencia, en la cual el juez decide en base a una serie de factores, si el joven debe ser juzgado en el tribunal de menores o si es más apropiado que sea en el tribunal penal de adultos.

La siguiente audiencia es la de adjudicación, la cual equivale al juicio en el tribunal de menores. A diferencia del tribunal penal de adultos, el joven no será juzgado por un jurado sino por un juez. Pero el fiscal deberá demostrar los elementos del delito por encima de cualquier duda razonable y el abogado del menor podrá ejercer su defensa. Posteriormente, el juez decide si rechaza o aprueba la petición presentada por el fiscal. Si la prueba, entonces se celebra una audiencia de disposición en la que se impondrán las sanciones que se consideren adecuadas.

¿Cuáles son los derechos de los padres?

Una vez que sabemos cuáles son los distintos actos que se llevan a cabo desde el arresto del menor, debe conocer los derechos que tiene durante cada uno de ellos. Estos son los siguientes:

1. Derecho a ser notificado del arresto. Cuando la policía arresta al joven y es recluido en el correccional para menores, el funcionario policial que conduce el arresto debe notificar a los padres o a los tutores legales del joven que este ha sido arrestado, ya que el padre debe conocer su ubicación.

Cuando los padres tienen conocimiento de que el joven ha sido arrestado, pueden proceder a buscar asistencia legal para determinar cuál es la mejor opción para el caso del joven. No obstante, debe tener en cuenta que no tiene derecho a estar presente durante el interrogatorio. Pero se aconseja que le recomiende al menor que ejerza sus derechos Miranda y se mantenga en silencio hasta que pueda ser asesorado por un abogado. Esto es crucial para que el menor no conceda declaraciones que puedan incriminarlo, debido a que los funcionarios policiales realizarán todas las preguntas necesarias para lograr que este emita declaraciones que puedan utilizarse como evidencia de que perpetró el delito en el juicio.

2. Derecho de visitas. Los padres tienen derecho a visitar al menor cuando este se encuentra confinado en el correccional para menores. No obstante, debe tener presente que en las salas de visitas existen cámaras que pueden incluso grabar todo lo expresado por usted y el menor. Por lo que es fundamental que se asesore por un abogado antes de visitarlo y durante la visita evite hacerle preguntas sobre la comisión del delito, aunque no esté presente un guardia de seguridad en la sala.

3. El derecho de conocer los derechos constitucionales del menor. La Constitución le garantiza una serie de derechos a los acusados durante todas las etapas del procedimiento judicial, independientemente de la gravedad del delito que haya cometido. Por lo que la ley impone la obligación de informarle a los padres sobre cuáles son los derechos constitucionales del joven para que puedan cerciorarse de que están siendo respetados.

Además, conocer los derechos de su hijo lo ayudará a aconsejarlo correctamente, ya que es posible que el menor esté abrumado por haber sido arrestado y verse frente el sistema de justicia, por lo que realice declaraciones que puedan incriminarlo ante los funcionarios policiales.

A continuación, mencionaremos algunos de estos derechos.

• La policía sólo puede efectuar el arresto o registrar al menor o sus pertenencias si cuenta con una causa probable. La causa probable se entiende como una creencia razonable de que el menor estuvo involucrado en actividades ilegales.
• Si el joven ha sido recluido en el centro de detención y permanecerá en este lugar, debe permitirsele realizar una llamada a sus padres. Cuando los padres o tutores legales del joven reciben esta llamada, se les concede la oportunidad de que procedan a contactar a un abogado para comenzar a trabajar en que el menor sea liberado. Si los funcionarios policiales le niegan esta llamada, están violando sus derechos Mirandas y es posible que esto conduzca a que la evidencia recabada sea inadmisible en el juicio.
• Los funcionarios policiales deben informarle sobre los delitos por los cuales se le acusa luego de efectuar el arresto.
• El derecho a contar con la representación de un abogado, a partir del momento en que es arrestado.
• El derecho a no autoincriminarse. Consiste en que tiene la facultad de no conceder declaraciones que puedan utilizarse para demostrar que cometió el delito durante el juicio.
• El derecho a interrogar a los testigos que se presenten para que testifiquen en su contra.
• El derecho a que los hechos por los que está siendo acusado sean demostrados por el fiscal por encima de cualquier duda razonable, como requisito para que se dicte una condena.
• El derecho a contar con la asistencia de un abogado. Para evitar que el joven sea condenado, es esencial que contrate los servicios de un abogado penalista para que ejerza su representación durante el proceso judicial. Este derecho está consagrado en el artículo 627.5 del Código de Bienestar e Instituciones. También es importante que tenga en cuenta que, si no tiene la capacidad económica para contratar a un abogado defensor, el estado le asignará un defensor público.

El abogado se encargará de recabar las evidencias pertinentes para ejercer la defensa en el juicio, para lo cual puede interrogar a posibles testigos y aplicará sus conocimientos y experiencia para cuestionar los argumentos y las evidencias presentadas por el fiscal, con el propósito de que el juez determine que este no ha logrado probar las acusaciones por encima de cualquier duda razonable. Además, el abogado se encargará de examinar si califica para alguna alternativa al juicio con el fin de evitar que deba someterse al mismo y se le impongan medidas menos restrictivas.

Al mismo tiempo, contar con la asistencia y representación del abogado puede ayudarlo a estar más tranquilo debido a que el caso está siendo manejado correctamente y se está haciendo todo lo necesario para lograr que el menor no sea condenado o no se le impongan sanciones severas. Para ello, es ideal que el abogado no solamente tenga conocimientos en el manejo de los casos del tribunal penal donde son juzgados los adultos, sino que también es fundamental que tenga experiencia representando a menores en el tribunal de menores y vastos conocimientos sobre este procedimiento.

4. El derecho de estar presente en todas las audiencias del tribunal de menores. Los padres tienen derecho a estar al tanto de lo que ocurre en todas las audiencias del procedimiento judicial, por lo que pueden estar presente durante las mismas.

Luego de que el menor ha sido arrestado y el fiscal presenta la petición con los cargos en su contra, comienza el procedimiento judicial. Durante el mismo, se llevarán a cabo una serie de audiencias hasta que se determine el veredicto. Como señalamos anteriormente, la primera de ellas es la audiencia de detención, en la cual se determina si el joven debe mantenerse recluido en el correccional de menores o se debe permitir que vuelva a casa bajo la custodia de sus padres. Asimismo, los padres deben ser notificados de la fecha y el lugar donde se celebrará esta audiencia, ya que tienen el derecho de asistir. Si se omite esta notificación, los padres están facultados para exigir que se celebre una nueva audiencia de detención en la que tengan la oportunidad de estar presentes.

Luego, se fija la fecha para la siguiente audiencia a celebrarse, la cual es la de jurisdicción, en la cual el juez determina si los hechos descritos en la petición realmente ocurrieron. Si el juez aprueba la petición, se lleva a cabo la audiencia de disposición, en la cual se imponen las medidas disciplinarias correspondientes. Durante la misma, el juez también tiene la facultad de desestimar la petición. Si decide imponer un régimen de libertad condicional, entonces el tribunal evaluará el caso cada 6 meses para conocer el progreso que ha tenido el menor y el cumplimiento de las medidas dictadas.

5. El derecho a la confidencialidad de las audiencias. El objetivo del tribunal de menores es distinto al del tribunal penal en el cual son juzgados los adultos, ya que se basa principalmente en realizar un proceso de rehabilitación satisfactorio para que el menor corrija su conducta y no reincida en conductas delictivas, pero no busca castigarlo. Por esta razón, tienen derecho a exigir que todos los actos del procedimiento se lleven a cabo de manera privada, con la finalidad de que no se revele al público información que puede perjudicarlo o a los miembros de su familia.

De conformidad con el artículo 5.530 PC, estás audiencias no estarán abiertas al público, por lo que sólo estarán presentes las personas autorizadas, que están involucradas en el caso o tienen un interés directo en el mismo.

Es importante señalar que el menor puede solicitar al tribunal que permita el ingreso de una persona a las audiencias, pero el tribunal tiene la facultad de no permitirlo cuando considera que la presencia de esta persona puede perjudicar el desarrollo del proceso judicial o el bienestar del joven.

6. El derecho a revisar los archivos del tribunal de menores. De conformidad con el artículo 5.552 PC, los padres o tutores legales tienen el derecho a revisar el expediente judicial y todos los registros relacionados con el caso que se mantienen en el tribunal de menores, como los archivos de la libertad condicional y los del arresto. Para ello, con la asistencia del abogado debe solicitarle al tribunal la revisión del expediente.

Luego de que el juez evalúa su solicitud, emite una decisión. Si los motivos descritos en la solicitud son razonables, entonces podrá revisar los archivos. Durante este procedimiento, el tribunal se asegurará de que proporcionar estos archivos no implica un riesgo para los intereses de los mismos padres, del menor, y para la seguridad ciudadana.

7. El derecho de evitar que el menor sea coaccionado. El proyecto de ley 203 del senado prohíbe a los funcionarios policiales llevar a cabo un interrogatorio hasta que el menor tenga la oportunidad de hablar con su abogado, cuando se encuentra bajo custodia. El objetivo principal de esta ley es evitar la violación de los derechos de los menores, ya que, debido a su corta edad y su falta de conocimientos al respecto, son más vulnerables a las violaciones de los mismos.

En algunas ocasiones, los funcionarios policiales se aprovechan de que es un menor de edad, y recurren a medios ilegales para lograr que emita declaraciones incriminatorias que puedan utilizarse como evidencia de que perpetró el delito en el juicio. Por esta razón, la presencia de un abogado es fundamental, ya que puede cerciorarse de que sus derechos están siendo respetados.

Asimismo, existen tres tipos de confesiones coaccionadas que no son admitidas como evidencia en el tribunal. Estas consisten en que el menor emita una confesión falsa de manera voluntaria debido a que padece una enfermedad mental, confiese para proteger a los padres o tutores legales, o emita una confesión falsa debido a la persuasión de la policía.

Esto último tiene lugar cuando la policía emplea tácticas para lograr que el joven confiese, como hacerlo dudar de su memoria, para convencerlo de que cometió el delito. También es posible que sometan al joven a un abuso psicológico, como indicarle que el juez no impondrá sanciones graves o que no será enjuiciado si confiesa.

8. El derecho a interponer un recurso de apelación. Luego de la culminación de la audiencia de disposición, los padres pueden solicitar una audiencia de revisión. Para lo cual, deben realizar una notificación de apelación en los 60 días siguientes ante el tribunal que juzgó el caso, con el fin de informarle a las otras partes involucradas que interpone un recurso de apelación contra esta decisión. Con la asistencia de un abogado, debe llenar los formularios y presentarlos.

Este recurso de apelación, puede estar fundado en inconformidad con la decisión, errores legales o violaciones de sus derechos durante el procedimiento judicial. Por lo que en el documento de apelación debe especificar la sentencia contra la cual está apelando y los fundamentos. Además, debe estar firmado por los padres y el abogado del joven.

También puede solicitar al tribunal que cambie o anule la decisión judicial, si existen nuevas pruebas que pueden ser fundamentales para el resultado del juicio, o existe una nueva circunstancia que debe tomarse en cuenta para la medida a imponerse.

¿Cuáles son las obligaciones de los padres?

Aunque la ley le garantiza una serie de derechos a los padres durante el procedimiento judicial, también establece ciertas obligaciones. Entre ellas, cubrir todos los gastos que derivan del proceso y los daños que resultaron de la comisión del delito, como el pago de una indemnización a la víctima, la cual incluye gastos médicos, salarios no percibidos, y daños a sus bienes.

Además, deben cubrir los honorarios de los abogados y los gastos en los que incurra el departamento de libertad condicional durante el desempeño de sus funciones, incluyendo el costo de los dispositivos electrónicos que se colocan para vigilar la ubicación del menor cuando se ha impuesto un régimen de libertad condicional.

¿Cómo contratar el servicio de abogados que se encuentren cerca de mí?

La ley les ofrece una protección mayor a los menores de edad, por lo que en la mayoría de los casos son juzgados en el tribunal de menores donde se intenta rehabilitarlo. Pero debido a que se les acusa de cometer actos delictivos y corren el riesgo de ser condenados y privados de su libertad, los padres o tutores legales tienen derecho a conocer y ser informados de cada uno de los actos que forman parte del procedimiento judicial.

Por otro lado, dado que los menores no tienen la madurez necesaria para comprender sus derechos, necesitan la asesoría de sus padres. Pero tener presente todos los derechos que tiene en el procedimiento judicial puede ser difícil. Además, los padres no suelen tener los conocimientos jurídicos necesarios para defenderlos. Por esta razón debe contratar a un abogado que tenga experiencia y amplios conocimientos en el manejo de estos casos, el cual, le ayudará a comprender cuáles son sus derechos y los de su hijo, además de cerciorarse de que sean respetados por los funcionarios que intervienen en el proceso.

Por otra parte, es importante que tenga en cuenta que una condena del tribunal de menores hará que el menor adquiera antecedentes penales, lo cual puede afectarlo hasta la adultez, tanto en el ámbito personal como profesional. Por lo que la intervención de un abogado defensor es fundamental para no enfrentar las graves repercusiones que estas acusaciones pueden tener si resulta condenado. Asimismo, el abogado puede evaluar los hechos ocurridos y aplicar la defensa más apropiada para que el juez no acepte la petición presentada por el fiscal, o le permita someterse a medidas menos estrictas que puedan beneficiarlo. Nosotros somos su mejor opción, ya que contamos con la experiencia y los conocimientos necesarios para lograrlo.

Para programar su consulta con un abogado de Delincuencia Juvenil de Chula Vista Criminal Attorney, localizada en Chula Vista, California, llame al 619-877-6894.